This story originally appeared in English in The News & Observer and was jointly reported by the NC Watchdog Reporting Network, a collaborative group of North Carolina newsrooms. It was translated by Julio Tordoya and Magaly Urdiales of JMPRO TV, a Latino communications organization.

Este artículo fue originalmente publicado en inglés en el News & Observer y fue reportado conjuntamente por el NC Watchdog Reporting Network, un grupo invesitigador hecho de periodistas de diferentes noticieros en Carolina del Norte. Fue traducido por Julio Tordoya y Magaly Urdiales de JMPRO TV.

A medida que COVID-19 se extendió en las plantas empacadoras de carne de Carolina del Norte, las quejas en el lugar de trabajo se han acumulado.

En abril, un trabajador de la planta de procesamiento de aves Pilgrim’s Pride en Sanford llamó a los reguladores de seguridad del trabajo para quejarse de que la planta no estaba notificando a los empleados cuando otros empleados dieron positivo por el coronavirus.

Unas semanas después, un trabajador de una planta de carne de cerdo de Smithfield Foods en Tar Heel llamó para informar que la planta no permitiría a los trabajadores usar máscaras.

A principios de julio, un trabajador de Tyson Farms en Monroe informó que la empresa de empacadoras de carne había “reinstituido el sistema de puntos por ausencias”, haciendo que “los empleados sientan que los obligan a trabajar, incluso cuando se sienten enfermos”.

Desde el brote del nuevo coronavirus, que causa COVID-19, los reguladores estatales y federales han recibido docenas de llamadas y correos electrónicos de trabajadores en plantas empacadoras de carne en Carolina del Norte que estaban preocupados de que estas instalaciones estuvieran poniendo en riesgo a los trabajadores.

El Departamento de Trabajo de Carolina del Norte; la agencia encargada de investigar la mayoría de las quejas de salud y seguridad en el lugar de trabajo; no encontró violaciones de seguridad en ninguna de las plantas, por lo que no emitió citaciones ni sanciones.

A pesar de las quejas reiteradas que plantean los mismos problemas: falta de distanciamiento social, equipo de protección personal insuficiente y trabajadores obligados a trabajar incluso cuando están enfermos. El departamento ha recibido 75 quejas y referencias relacionadas con COVID-19 y la industria del envasado de carne, hasta el 15 de julio y ninguno ha provocado una visita al sitio, según Scott Mabry , subcomisionado adjunto del Departamento de Trabajo.

Para algunos expertos y defensores, eso significa que los reguladores no están haciendo lo suficiente para mantener a los trabajadores seguros.

Los reguladores de seguridad en el lugar de trabajo a nivel federal y en la mayoría de los estados, incluyendo Carolina del Norte, no están haciendo lo suficiente para hacer cumplir las precauciones con respecto a COVID-19 en las instalaciones de procesamiento de carne o establecer mandatos reglamentarios, dijo Matthew Johnson , profesor asistente de economía en la Universidad de Duke Escuela de Políticas Públicas de Sanford.

“Esta inacción es notable dado que COVID-19 representa la mayor crisis de seguridad y salud ocupacional de el siglo pasado”, dijo Johnson en un correo electrónico.

Se solicitaría una visita al sitio si un empleador no proporcionará al Departamento de Trabajo una “respuesta adecuada” a una consulta de queja, dijo Mabry. Aunque las quejas de seguimiento llevarían a la agencia a reexaminar a un empleador, “hasta ahora, las respuestas han sido adecuadas”.

“Cuando recibimos una queja, si la respuesta es adecuada, los tomamos en su palabra y consideramos que está cerrada a menos que obtengamos más información o alguna falta de información para poder ingresar a un sitio”, dijo Mabry.

Algunas quejas de empacadoras de carne aún están pendientes

Mabry dijo que el Departamento de Trabajo consideró inválidas 32 de las 75 quejas de los trabajadores de empacadoras de carne. De las 43 quejas que los reguladores consideraron válidas, 38 han sido marcadas como “cerradas” por la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional.

El número de quejas sobre plantas procesadoras de carne es más alto que cualquier otra industria en el estado, representando el 6.6% de todas las quejas desde el inicio de la pandemia, a pesar de que estos trabajadores representan menos del 1% de la fuerza laboral de Carolina del Norte en mayo de 2019 .

Mabry señaló que a medida que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han enfatizado cada vez más la necesidad de máscaras y distanciamiento social para frenar la propagación de COVID-19, la definición de su departamento de una queja “válida” se ha expandido. Sin embargo, dijo que el Departamento de Trabajo no reabrió todas las quejas que sus reguladores previamente marcaron como inválidas para reevaluarlo a la luz de una nueva guía.

Cinco de las quejas de los trabajadores en plantas procesadoras de carne permanecieron abiertas hasta el 19 de julio. Según Mabry, algunas de ellas involucran la muerte de trabajadores conectados a COVID-19.

En respuesta a las preguntas sobre la queja en su planta de Tar Heel, un portavoz de Smithfield dijo que la compañía ha gastado “decenas de millones de dólares” en equipos de protección personal, aumento de sueldo y beneficios de salud y licencias pagas para sus trabajadores.

Tyson, en un comunicado para esta historia, dijo que la compañía ha alentado a sus trabajadores a quedarse en casa si se sienten enfermos.

“Al igual que la mayoría de las empresas, tenemos una política de asistencia que alienta a las personas a venir a trabajar, sin embargo, seguimos diciéndoles a los miembros de nuestro equipo que se queden en casa si tienen síntomas del COVID-19 o si han dado positivo por el virus”. Se les paga por su tiempo fuera ”, dijo un portavoz de Tyson.

Los representantes de un grupo comercial de empacadoras de carne, así como varias otras compañías, incluidas Mountaire y Pilgrim’s Pride, no respondieron a las solicitudes de comentarios para esta historia.

La comisionada laboral Cherie Berry ha dicho en el pasado que el departamento prioriza las relaciones con las industrias y ha evitado cargarlas con regulaciones.

A medida que los casos aumentaron en los centros de atención para ancianos en abril, el gobernador Roy Cooper tomó medidas para exigir a los empleados de hogares de ancianos que usen máscaras faciales, se sometan a pruebas de detección de síntomas de coronavirus al comienzo de cada turno, supervisen a los residentes al menos

diariamente para detectar síntomas y notifiquen a los funcionarios de salud de cualquier caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en la instalación. Incluso con estas medidas, los brotes han seguido apareciendo en hogares de ancianos en todo el estado.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado en la administración de Cooper, que tiene una amplia autoridad reguladora sobre industrias como hogares de ancianos y centros de cuidado infantil, ha dicho que tiene muy poca autoridad sobre los procesadores de carne, donde la pandemia también se ha apoderado de la virulencia.

Cooper, sin embargo, nombró específicamente a la industria en el mandato de máscara estatal ordenado el 24 de junio.

Las instalaciones de procesamiento de carne continúan siendo vectores de propagación

Los datos sobre los casos, proporcionados por el DHHS el viernes, muestran que han habido 3.234 casos confirmados de COVID-19 en 37 “grupos” en la industria de procesamiento de carne desde el comienzo de la pandemia. Eso es un aumento de casi el 150% en los casos reportados desde mediados de mayo. Hubieron 27 grupos activos conocidos en las instalaciones de procesamiento de carne en 20 condados el viernes.

La falta de regulación deja a los trabajadores más vulnerables a la infección, dicen los expertos, y los trabajadores de procesamiento de alimentos en particular han sido algunos de los más afectados por la pandemia de coronavirus.

El presidente Donald Trump en abril invocó la Ley de Producción de Defensa para mantener abiertas estas plantas, citando la necesidad de mantener el suministro de alimentos durante la pandemia.

Los efectos de estos brotes irradian mucho más allá de las plantas, y están contribuyendo a la tensión en los hospitales a decenas de millas de distancia.

El Dr. David Wohl , un médico de enfermedades infecciosas en UNC Chapel Hill, vio un aumento dramático en los últimos meses en pacientes de los condados donde se encuentran muchas plantas de procesamiento de carne. Muchos de los pacientes a los que ve trabajan en la industria del envasado de carne.

“Si no trabajan en estas industrias en particular, trabajan en industrias asociadas, o viven con alguien que sí lo hace”, dijo. “Pero cuando hablamos de comunidades, estamos conectados.

“Entonces, si hay más propagación comunitaria debido a un riesgo ocupacional y vas a una tienda a comprar comida, la persona con la que estás interactuando detrás del mostrador ahora tiene un mayor riesgo. Así que es solo un efecto dominó“.

Las jurisdicciones superpuestas crean un área gris regulatoria

Varias agencias reguladoras estatales dicen que tienen autoridad limitada para rastrear los casos de coronavirus entre los trabajadores o para hacer cumplir las protecciones de los trabajadores.

Si bien las inspecciones del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte incluyen animales y productos alimenticios, “la seguridad de los trabajadores probablemente correspondería a OSHA”, dijo Heather Overton, portavoz del departamento.

Natalie Bouchard, portavoz del Departamento de Trabajo del estado, dijo que DHHS es responsable de rastrear los datos de COVID-19 y que DHHS ha compartido “datos limitados” con la División de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo.

La oficina estatal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) publicó pautas de salud y seguridad para las instalaciones de procesamiento de alimentos en abril. Las pautas no mencionan la notificación de casos a ninguna agencia estatal. La oficina tiene la autoridad de emitir citaciones y multas a los empleadores que no cumplan con estas pautas.

Pero Bouchard escribió: “A menos que haya habido un caso reportado de COVID-19 en una planta, una muerte de COVID-19, o una queja específicamente relacionada con COVID-19, OSH no tiene autoridad para ingresar a una planta para acceder a cualquier seguridad- y datos relacionados con la salud mantenidos por un empleador “.

La OSHA federal emitió solo una citación en todo el país, un caso en Virginia, en respuesta a más de 4,000 quejas relacionadas con el coronavirus, informó el Washington Post en junio.

Deborah Berkowitz, ex asesora principal de políticas de OSHA y ahora directora del programa de seguridad y salud de los trabajadores en el Proyecto de Empleo de Ley Nacional, le dijo a NPR este mes que OSHA a nivel federal cerró alrededor de 12,000 quejas de trabajadores de 18,000 quejas a los departamentos estatales de OSHA.

En un caso, “OSHA simplemente envió una carta al empleador y le dijo: ‘Usted tiene que investigarse a sí mismo; no tenemos ningún requisito específico real‘‘, dijo Berkowitz a NPR.

“Y luego el empleador respondería, ya sabes, estamos haciendo lo que podemos. Y OSHA cerró el caso“.

“Hay algunas jurisdicciones superpuestas y autoridad superpuesta, y la mayoría de ellas probablemente podrían hacer más de lo que están haciendo”, dijo Clermont Ripley , un abogado de alto rango en el Centro de Justicia de Carolina del Norte, una organización de investigación y defensa de izquierda.

“Simplemente decir, ‘No, es el trabajo de otra persona’, es solo tener miedo de tomar las medidas necesarias para proteger a los trabajadores porque temen algún tipo de reacción política”.

En Carolina del Norte, el procesamiento de carne es una industria de $ 9 mil millones. También está compuesto por algunos de los mayores donantes políticos del estado. El presidente de Mountaire Farms, Ronald Cameron , donó más de $ 1.2 millones a candidatos y comités políticos en Carolina del Norte desde 2003, según muestran los registros financieros de la campaña estatal.

Su primera contribución, según los registros, fue una donación de $500 a Berry.

Ahora en su quinto mandato, Berry ha usado una mano ligera para hacer cumplir las regulaciones mientras acepta donaciones generosas con el otro. Cameron donó $ 10,000 a la campaña de reelección de Berry en 2016.

En 2008, al menos la mitad de las contribuciones de Berry para su campaña de reelección provenían de ejecutivos y gerentes de compañías que habían sido inspeccionadas por su departamento, según informó en ese momento The Charlotte Observer.

The Observer descubrió que estos contribuyentes obtuvieron reducciones de multas más grandes que el promedio por violaciones de seguridad en el lugar de trabajo: las multas a las empresas que habían contribuido se redujeron en más del 70%, mientras que las sanciones en general se redujeron en un 42%.

Los defensores de los derechos de los trabajadores dicen que la falla del NCOSH para proteger a los trabajadores de COVID-19 sigue un patrón consistente de la agencia que elude sus responsabilidades bajo Berry.

Según un informe del Centro de Justicia de Carolina del Norte, el Departamento de Trabajo del estado emite muchas menos de las violaciones más graves que el promedio nacional, y las sanciones por violaciones son mucho más bajas que las que se imponen a las empresas en muchos otros estados.

La tasa de mortalidad del estado por cada 100,000 trabajadores alcanzó 3.9 en 2017, la más alta desde 2008 y la 21a peor en la nación, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa disminuyó ligeramente a 3.8 en 2018.

Berry no se postula para la reelección. La demócrata Jessica Holmes , comisionada del condado de Wake, y el representante Josh Dobson , republicano de McDowell, competirán para reemplazarla en noviembre.

En mayo, los legisladores estatales republicanos propusieron un proyecto de ley que otorgaría subvenciones a los procesadores de carne para aumentar la producción mediante la contratación de más personas y la mejora de las instalaciones. Se agregó una disposición que exige la protección de los trabajadores como criterio para la subvención, pero el proyecto de ley se estancó al final de la sesión legislativa.

En su lugar, se aprobó una versión más limitada de la legislación como parte de un proyecto de ley de financiación más grande de la Ley CARES, pero sin disposiciones de protección.

Defensores: los reguladores de Carolina del Norte deberían hacer más

En una carta del 8 de mayo , la Red de Defensa de los Trabajadores Agrícolas de Carolina del Norte, AFL-CIO de Carolina del Norte, el Centro de Justicia de Carolina del Norte, El Vínculo Hispano / Enlace Hispano y otros pidieron a Cooper que exigiera que las plantas de procesamiento de carne brinden a los trabajadores licencia por enfermedad pagada, instituyan saneamiento y seguridad protocolos y cierre las plantas cuando haya una exposición confirmada a COVID-19.

“En pocas palabras, los trabajadores avícolas de Carolina del Norte tienen miedo de estar en el trabajo ahora porque temen enfermarse y enfermar a los miembros de sus familias y comunidades. Se enfrentan a una elección imposible: entre perder sus ingresos o arriesgar sus vidas ”, escribieron los grupos.

Los grupos también señalaron que estos trabajadores, muchos de los cuales son inmigrantes que están en el país sin autorización legal, son particularmente vulnerables debido a su proximidad en las líneas de producción, interrupciones poco frecuentes y falta de acceso al EPP.

Según el Centro de Justicia de Carolina del Norte, los grupos aún no han recibido ninguna respuesta formal a la carta.

Según el secretario del DHHS, Dr. Mandy Cohen , un factor de complicación es que la administración de Cooper no tiene la autoridad para escalar gradualmente los castigos por incumplimiento. En cambio, cualquier orden que cubra instalaciones de procesamiento de carne quedaría automáticamente bajo un estatuto penal.

“Las herramientas generales de la orden ejecutiva son bastante contundentes. Y eso es un desafío aquí”, dijo Cohen. “Así que estamos tratando de usar los tipos de autoridad que se nos otorgan”.

La legislatura podría haber permitido que el poder ejecutivo supervisará más, pero eso parecía no haber comenzado en esta pasada sesión legislativa, dijo.

“La mayor parte de la última sesión, la gente intentaba quitar nuestra autoridad, no darnos más autoridad”, dijo Cohen.

“No he visto a nadie con ese espíritu de colaboración que diga: ‘¿Cómo llegamos a los poderes ejecutivos que se encuentran en el momento?’”, dijo.

Es por eso que dijo que el DHHS y los departamentos de salud locales han tratado de mantenerse en contacto con las plantas de procesamiento de carne para detener la propagación del virus.

“¿Cómo trabajamos con estas empresas? ¿Y tratar de hacerlo en colaboración? ella dijo. “En realidad, trabajar con usted lo ayudará a mantener sus plantas abiertas, proteger a sus trabajadores; Es un ganar-ganar. Hagamos todo esto juntos. Te ayudaremos con el equipo de protección. Te ayudaremos con los protocolos.

Algunos otros estados han implementado una supervisión más estricta. La Seguridad y Salud Ocupacional de Virginia, por ejemplo, aprobó nuevas regulaciones específicamente para abordar COVID-19 en los lugares de trabajo.

Berkowitz dijo en una entrevista con NC Watchdog Reporting Network que el Departamento de Trabajo podría estar haciendo mucho más para proteger a los trabajadores.

“El estado tiene su propia agencia de OSHA, y eso les brinda la capacidad de publicar estándares y requisitos que son más protectores que la OSHA federal”, dijo, y señaló que solo la mitad de los estados tienen su propia OSHA, siendo Carolina del Norte uno de ellos.

“Las normas federales a menudo son solo el mínimo, y los estados siempre pueden mejorar cuando tienen su propia OSHA. Pero Carolina del Norte no ha hecho eso“.

Esta nota fue conjuntamente reportada y editada por Ames Alexander del Charlotte Observer; Sophie Kasakove, Aaron Sánchez-Guerra, Lucille Sherman, Jane Elizabeth y Jordan Schrader del News & Observer; Nick Ochsner de WBTV; Emily Featherston de WECT; Tyler Dukes de WRAL; Jason deBruyn y Mitchell Northam de WUNC; y Frank Taylor de Carolina Public Press.

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